La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión por presunto fraude en el financiamiento estatal de la telenovela inconclusa Mamá Corazón. La fiscal federal Fabiana León solicitó la condena en el juicio oral que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 7, acusando a la actriz de ser “partícipe necesaria” de una defraudación contra la administración pública.
Acusaciones y Pedidos de Condena
El alegato de la fiscal León también apuntó contra el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, solicitando para él una pena de cuatro años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Asimismo, se pidió una condena de cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, también como “partícipe necesario” del presunto fraude.
La acusación se extiende a otros procesados en la causa, incluyendo a Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM, y a los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. La fiscal solicitó condenas para todos ellos, además de la restitución solidaria al Estado de US$ 3.126.000.
El Mecanismo del Presunto Fraude
La investigación se centra en un supuesto esquema de financiamiento irregular para la producción de Mamá Corazón, canalizado a través de la UNSAM. La acusación sostiene que se trató de un mecanismo de triangulación sin concurso ni compulsa de precios, permitiendo que la productora de Del Boca, A+A Group, recibiera fondos públicos millonarios y se quedara con la exclusividad para la comercialización internacional de la serie.
La fiscal León enfatizó que este circuito violó las normativas vigentes, favoreciendo de manera irregular a la productora de la actriz.
Impacto y Consideraciones Finales
El caso ha generado gran repercusión mediática y plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos destinados a la producción audiovisual. La fiscal León destacó el daño causado a las políticas públicas de financiamiento a las universidades y fomento a las artes durante el gobierno de Cristina Kirchner, señalando que los acusados afectaron el patrimonio público con sus acciones.