La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que el Estado provincial deberá asumir los costos judiciales y honorarios de los abogados de Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción, quien fue destituida de manera irregular en 2022. Esta decisión surge tras la anulación de su remoción, proceso en el cual Goyeneche lideró investigaciones contra el ex gobernador Sergio Urribarri, quien fue condenado en 2022 por actos de corrupción.
Aunque los montos exactos aún no han sido determinados, se resolverán en una instancia posterior. La resolución, emitida este martes, se basa en el fallo de diciembre de 2024, donde el máximo tribunal declaró nula la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento provincial que destituyó a Goyeneche. Sin embargo, aquella decisión no abordó la cuestión de las costas procesales, lo que llevó a la exfuncionaria judicial a presentar una solicitud.
En la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte se remitió al artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece que, por regla general, las costas se imponen a la parte vencida, salvo razones que justifiquen una excepción. En este caso, no se encontraron tales razones, por lo que el Estado entrerriano deberá cubrir todos los gastos del extenso litigio.
De esta manera, la Corte Suprema benefició a los abogados de Goyeneche, Alberto B. Bianchi, Lino B. Galarce y Santiago M. Castro Videla, al ordenar que el Estado provincial, como parte vencida, asuma el pago de las costas generadas durante el proceso. Asimismo, se dispuso la devolución del depósito judicial realizado en la sentencia de diciembre pasado.
¿Qué implica esta decisión?
Esta resolución refuerza la importancia de garantizar la independencia judicial y la protección de aquellos funcionarios que investigan casos de corrupción. Al obligar al Estado a cubrir los costos del proceso, la Corte Suprema envía un mensaje claro sobre la necesidad de respetar el debido proceso y evitar la persecución política de quienes cumplen con su deber.
Es importante recordar que la causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. En este contexto, la decisión de la Corte en el caso Goyeneche adquiere aún mayor relevancia.