En una jornada de alta tensión política, el Senado asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión, tomada con una amplia mayoría de 63 votos a favor y solo 7 en contra, reactiva una norma crucial para el sector, declarando la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. Esta ley busca reformular las pensiones no contributivas, actualizar aranceles y compensaciones económicas, brindando un alivio a personas con discapacidad y sus familias.
¿Qué implica el rechazo del veto?
El rechazo del veto implica que la ley original vuelve a estar en vigencia. El senador peronista Pablo Bensusán criticó duramente la decisión inicial del Presidente, señalando que vetó el acceso a una pensión equivalente al 70% de la mínima para personas con discapacidad y un aumento razonable en las prestaciones. La oposición argumentó que el veto era “brutal e inmoral”.
Pero la tormenta no cesa para el gobierno. En medio de este revés legislativo, resurgen las sombras del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, denuncian un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos, vinculando indirectamente a Karina Milei, quien supuestamente recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien no hay imputaciones formales, la cercanía de Karina Milei y Javier Milei con Spagnuolo genera interrogantes sobre su influencia en la gestión de la ANDIS.
El Gobierno contraataca: Estrategia judicial en marcha
Ante la derrota en el Senado, el gobierno ya prepara una estrategia judicial. El oficialismo buscará argumentos legales para intentar frenar la aplicación de la ley, anticipando una batalla legal que podría llegar hasta la Corte Suprema. La preocupación en el Ejecutivo es palpable, especialmente por el impacto que puedan tener los audios de Spagnuolo en la opinión pública.
Este escenario de confrontación política y judicial se da en un contexto económico delicado, donde la asistencia a los sectores más vulnerables se vuelve aún más crucial. La Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar derechos básicos y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, su implementación efectiva dependerá de la voluntad política del gobierno y de la resolución de los desafíos legales que se avecinan.
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