Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe condenado por estafa piramidal, ha desatado una nueva polémica al declarar desde la cárcel que realizó aportes a las campañas de Diego Santilli en 2021 y, sorprendentemente, a la de Javier Milei en 2023. Esta revelación ha generado un terremoto político, poniendo en tela de juicio la transparencia de los financiamientos de campaña y avivando el debate sobre la integridad de los actores políticos involucrados.
Cositorto y sus Declaraciones Explosivas
En una entrevista radial, Cositorto afirmó: “No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme… Los apoyé porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”. Estas palabras han resonado fuertemente, especialmente considerando la condena de 12 años de prisión que pesa sobre él por liderar un esquema Ponzi a través de Generación Zoe.
La mención de Javier Milei en este contexto es particularmente delicada. Si bien el monto y la naturaleza del aporte a la campaña de Milei no han sido especificados, la simple asociación con Cositorto puede generar interrogantes sobre los criterios de aceptación de financiamiento y la debida diligencia en la evaluación de los donantes.
Reacciones y Negaciones
Diego Santilli, al ser consultado en 2022 sobre un posible vínculo con Cositorto, negó rotundamente cualquier relación, calificando las acusaciones como una “burda operación”. Sin embargo, las recientes declaraciones de Cositorto ponen en duda la veracidad de estas afirmaciones y exigen una investigación exhaustiva.
Implicaciones y Futuro del Caso
Este escándalo podría tener serias implicaciones para la imagen de Santilli y, potencialmente, para la de Javier Milei. La opinión pública está cada vez más atenta a la transparencia en el financiamiento de campañas políticas, y cualquier sombra de duda puede erosionar la confianza en los líderes y sus proyectos. Será crucial observar cómo se desarrollan las investigaciones y qué explicaciones ofrecen los involucrados para esclarecer la situación y disipar las sospechas.
Además, este caso sirve como recordatorio de la importancia de la regulación y el control del financiamiento político, así como de la necesidad de una mayor transparencia para evitar que personas con antecedentes cuestionables puedan influir en el proceso democrático.