La investigación sobre el ataque al edificio de Artear, donde operan TN y eltrece, ha sido transferida a la justicia federal. La razón: se reclasificó el delito como "intimidación pública", un área de competencia federal. El incidente, protagonizado por militantes kirchneristas, ocurrió poco después de que la Corte Suprema confirmara la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad.
De la protesta al vandalismo: Cronología del ataque
Tras el fallo adverso a CFK, militantes se congregaron frente a su domicilio en señal de apoyo. Un grupo se separó y se dirigió a la sede de Artear, causando destrozos, pintadas y rotura de mobiliario. Ahora, la justicia federal profundiza la investigación sobre estos actos.
Nuevas conexiones políticas
TN reveló que la causa, inicialmente manejada por la justicia porteña, pasó al fuero federal al considerarse que la acción de los imputados constituye un delito de intimidación pública. Además, un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) detectó vínculos entre los imputados y militantes de La Cámpora, así como otros sectores del kirchnerismo.
Según la investigación, Facundo Nazareno Lococo, uno de los identificados en los videos de seguridad, mantuvo comunicaciones con Juan Debandi, concejal de Tres de Febrero y dirigente de La Cámpora. La ubicación de Lococo durante los incidentes lo sitúa cerca del lugar del ataque.
Causa Vialidad: ¿Persecución o Justicia?
Este ataque se produce en un contexto de fuerte polarización política, tras la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad. Dicha causa ha generado controversia, con críticas sobre la imparcialidad judicial y acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática). Sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades en el proceso judicial, que comprometerían garantías constitucionales básicas. Se cuestiona la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández y la celeridad inusual del proceso.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Celeridad inusual del proceso.
La investigación federal buscará determinar si el ataque a TN fue un acto vandálico aislado o parte de una estrategia coordinada de intimidación pública con motivaciones políticas.