El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por presuntos hechos de corrupción durante su gestión. La investigación se centra en un esquema de retornos, direccionamiento de compras y desvío de fondos en la adquisición de medicamentos de alto costo.
Acusaciones y el Rol de Spagnuolo
El fiscal federal Franco Picardi acusa a Spagnuolo de haber desempeñado un rol "clave y fundamental" en el funcionamiento de este esquema delictivo, tanto desde la estructura política del organismo como en la articulación de maniobras económicas que le habrían reportado beneficios personales. Se le imputa haber facilitado la creación de un circuito de sobreprecios que oscilaban entre el 10% y el 20%.
El Escándalo de las Coimas y la Implicación de Karina Milei
El caso tomó relevancia pública tras la difusión de audios en los que Spagnuolo hacía referencia a un presunto circuito de coimas que involucraría a Karina Milei, secretaria general de la Gobernación, quien supuestamente recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a la cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.
Según las investigaciones, este esquema habría generado entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Spagnuolo fue despedido de su cargo en agosto, luego de que se hicieran públicos estos audios. Inicialmente, se especuló con la posibilidad de que Spagnuolo se convirtiera en un imputado colaborador, pero hasta el momento no ha confirmado esta opción.
El Impacto en el Sector Vulnerable
Las acusaciones contra Spagnuolo incluyen la defraudación al Estado en detrimento de los derechos de sectores vulnerables, ya que los fondos desviados estaban destinados a la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. La investigación busca determinar el alcance total del fraude y las responsabilidades de los involucrados.
Spagnuolo, acompañado de su abogado Mauricio D'Alessandro, declaró ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La fiscalía acusa a Spagnuolo de haber facilitado la creación de un circuito de sobreprecios que oscilaban entre el 10% y el 20%, generando un perjuicio al erario público de más de $48.000 millones.