Una controvertida reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha generado intensos debates en el país. A través de un decreto, se amplían las facultades de la fuerza, permitiendo el ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, con el objetivo de “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”.
Ciberpatrullaje sin Control Judicial
La reforma faculta a la PFA a realizar seguimientos e investigaciones en redes sociales y otros espacios digitales públicos sin la necesidad de una orden judicial. Esto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes advierten sobre posibles violaciones a la privacidad y la libertad de expresión.
Requisas Ampliadas
Otro punto conflictivo es la autorización para realizar requisas personales y de vehículos sin orden judicial, siempre y cuando existan “circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito” o cuando exista peligro de que las pruebas desaparezcan. Esta medida ha suscitado inquietudes sobre posibles abusos de poder y arbitrariedades.
¿Un FBI Argentino?
El gobierno defiende la reforma como una modernización de la PFA, buscando alinearla con estándares internacionales y transformarla en una fuerza “ágil, inteligente y profesional” similar al FBI estadounidense. Se espera que los cambios permitan una mejor prevención e investigación de delitos complejos.
Críticas y Preocupaciones
Organizaciones de la sociedad civil y sectores políticos han expresado su preocupación por la falta de controles judiciales sobre las nuevas facultades de la PFA. Temen que la reforma pueda conducir a un aumento de la arbitrariedad policial y a la violación de derechos fundamentales.
La reforma también ha generado controversia en el contexto político actual, especialmente en la previa de movilizaciones populares. Algunos sectores ven la ampliación de las facultades de la PFA como una herramienta para reprimir protestas y limitar la libertad de expresión.
Queda por verse cómo se implementará la reforma en la práctica y cuáles serán sus efectos reales sobre la seguridad pública y los derechos individuales en Argentina.