La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, dictaminó que la República Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF a los demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera, ocurrida en 2012. Esta decisión judicial representa un nuevo capítulo en el largo litigio que enfrenta el país en tribunales internacionales.
Según informó Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta en X, este fallo es apelable por Argentina. La disputa legal ya había resultado en una condena para el Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones. La orden de Preska profundiza la incertidumbre sobre el futuro de la compañía y las finanzas públicas del país.
La expropiación de YPF, llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de controversia desde sus inicios. La nacionalización de la empresa generó críticas y demandas por parte de accionistas minoritarios, quienes consideraron que la compensación ofrecida era insuficiente.
Este nuevo revés judicial se suma a un contexto económico complejo para Argentina, que enfrenta desafíos como la inflación, la deuda externa y la necesidad de atraer inversiones para impulsar el crecimiento. La decisión de la jueza Preska podría tener un impacto significativo en el valor de YPF y en la confianza de los inversores en el país.
El gobierno argentino aún no ha emitido una declaración oficial sobre el fallo. Se espera que en los próximos días se anuncie la estrategia legal que se seguirá para apelar la decisión y defender los intereses del Estado.
Impacto en el mercado energético
La noticia ha generado preocupación en el sector energético argentino. YPF es una de las principales empresas del país y su desempeño es crucial para garantizar el suministro de energía y el desarrollo de los recursos naturales. La incertidumbre sobre su futuro podría afectar las inversiones en exploración y producción, así como la estabilidad del mercado interno.
Próximos pasos
Se espera que el gobierno argentino presente una apelación ante la justicia estadounidense en los próximos días. El proceso legal podría extenderse por varios meses, durante los cuales se analizarán los argumentos de ambas partes y se determinará si la orden de la jueza Preska se mantiene o se revoca.