La detención de Eva Mieri, concejal de Quilmes, tras un escrache al diputado José Luis Espert, ha desatado una fuerte polémica. Mieri permanece en prisión, mientras que otros implicados han sido liberados bajo fianza. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado justificó la continuidad de la detención de Mieri por un presunto “riesgo procesal”, decisión que ha sido criticada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denuncia una persecución política.
Según la investigación, Mieri está acusada de delitos que incluyen atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio por ideas políticas, además de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado, en referencia al uso de una camioneta del municipio de Quilmes en el incidente. La camioneta pertenecería a una empresa proveedora del gobierno bonaerense y del municipio de Quilmes.
Cristina Fernández de Kirchner exigió la liberación de Mieri y recordó las declaraciones de Javier Milei apoyando acciones similares en Francia. Este hecho ha intensificado el debate sobre la proporcionalidad de la medida y la posible existencia de motivaciones políticas detrás de la detención.
¿Lawfare en Argentina?
Este caso se suma a la creciente controversia sobre el uso de la justicia como herramienta de persecución política, conocido como "lawfare". La celeridad del proceso y la dureza de las acusaciones contra Mieri, contrastan con la liberación de otros implicados, alimentando sospechas sobre una posible intencionalidad política.
La defensa de Mieri argumenta que no existen pruebas contundentes que justifiquen su detención y denuncia una desigualdad en el tratamiento de la prueba. Además, cuestionan la exposición mediática del caso, que consideran parcial y anticipada.
Próximos pasos
Mieri fue trasladada a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, y existe la posibilidad de que sea trasladada a una cárcel de máxima seguridad en Ezeiza. La situación legal de la concejal sigue siendo incierta, mientras que las críticas a la actuación judicial continúan creciendo.
- Fianza millonaria para los liberados.
- Restricción de acercamiento al domicilio de Espert.
- Obligación de presentarse semanalmente ante la justicia.