La reciente marcha de jubilados en Buenos Aires, en protesta por el veto del presidente Javier Milei al aumento de las pensiones, terminó en un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Periodistas que cubrían la manifestación fueron reprimidos con gas lacrimógeno y camiones hidrantes, generando indignación y denuncias sobre la libertad de prensa.
Represión Policial y Agresiones a Periodistas
El fotoperiodista Rodrigo Abd, ganador del premio Pulitzer, relató haber sido golpeado por un chorro de agua del camión hidrante mientras cubría la protesta. “Me pegó el chorro en la cabeza y me tiró al piso”, declaró Abd, evidenciando la violencia indiscriminada de las fuerzas de seguridad. Lula González, periodista de El Destape, también denunció la represión sufrida, afirmando que la policía buscaba “infundir miedo y silenciar” a la prensa.
Según relatos de los periodistas presentes, la policía bloqueó las calles aledañas al Congreso y formó un cerco para impedir el avance de los manifestantes. La represión no distinguió entre manifestantes y cronistas, con varios periodistas agredidos incluso estando en la vereda.
Protestas por el Veto al Aumento de Pensiones
La marcha de jubilados fue convocada en respuesta al veto de Milei a una ley que ordenaba un aumento en las pensiones. Los jubilados, apoyados por otros colectivos afectados por las políticas de ajuste, se manifestaron frente al Parlamento para reclamar mejores condiciones de vida.
Jesús Fajardo, un jubilado de 67 años, expresó su hartazgo con los políticos mentirosos, afirmando que “el pueblo ya está harto”. María Rosa Ojeda, de 69 años, fue rociada con gas pimienta y se desmayó durante la protesta.
Actualmente, el 63,5% de los jubilados en Argentina cobra la jubilación mínima, que en agosto asciende a 314.300 pesos (aproximadamente 233 dólares). Esta cifra, incluso con el bono de refuerzo, resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores.
Repercusiones y Denuncias
La represión policial y las agresiones a periodistas han generado fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Se cuestiona la proporcionalidad del uso de la fuerza y se exige una investigación exhaustiva de los incidentes.
La situación de los jubilados en Argentina sigue siendo precaria, y las protestas continuarán hasta que se logren mejoras significativas en sus ingresos y condiciones de vida.