Una jueza federal en Arizona ha bloqueado temporalmente los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para deportar a niños guatemaltecos y hondureños que se encuentran bajo su cuidado. La decisión surge ante el temor expresado por los menores de regresar a sus países de origen, donde enfrentan situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
Fundamentos de la Decisión Judicial
La jueza de distrito Rosemary Márquez extendió una decisión previa tomada durante el fin de semana del Día del Trabajo, argumentando que existen serias dudas sobre si el gobierno estadounidense está cumpliendo con las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes.
Los abogados de los niños han alegado que sus clientes temen regresar a sus hogares y que no se les está permitiendo presentar sus casos ante un juez de inmigración, ni tener acceso a asesoría legal adecuada. Además, denuncian que no se les está ubicando en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés, tal como lo establece la ley.
Demandas Presentadas en Varios Estados
La demanda en Arizona fue presentada en nombre de 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños, con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Casi todos ellos se encontraban bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, viviendo en refugios en las áreas de Phoenix y Tucson. Demandas similares han sido presentadas en Illinois y Washington, D.C., buscando impedir que el gobierno remueva a los niños.
Las demandas exigen que el gobierno permita a los niños ejercer su derecho a presentar sus casos ante un juez de inmigración, tener acceso a asesoría legal y ser colocados en el entorno menos restrictivo que sea en su mejor interés.
Argumentos del Gobierno Estadounidense
La administración Trump argumentó que actuaba en el mejor interés de los niños al intentar reunirlos con sus familias a petición del gobierno guatemalteco. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a la jueza, quien ha priorizado la protección de los derechos de los menores y el cumplimiento de las leyes migratorias.
Esta decisión judicial representa un importante revés para las políticas migratorias del gobierno estadounidense y un triunfo para las organizaciones de defensa de los derechos de los niños migrantes.