El Congreso argentino se encuentra debatiendo un proyecto de ley que endurece las penas para crímenes contra agentes públicos, oficiales de justicia y sus familiares. La iniciativa, impulsada por el diputado Coronel Ulysses, busca modificar el Código Penal y la Ley de Crímenes Hediondos, ampliando el catálogo de delitos considerados de extrema gravedad.
¿Mayor protección o mayor discrecionalidad?
Si bien la propuesta cuenta con el respaldo de la bancada de la seguridad pública, que argumenta la necesidad de proteger a quienes garantizan la aplicación de la ley, surgen interrogantes sobre su impacto real y potencial discrecionalidad.
Puntos clave del proyecto:
- Homicidio contra agentes públicos: pena de 20 a 40 años de reclusión.
- Lesiones simples: 2 a 5 años de reclusión.
- Lesiones graves: 3 a 8 años.
- Lesiones gravísimas o seguidas de muerte: 4 a 12 años (hasta 20 años con agravantes).
- Inclusión de estos crímenes en la Ley de Crímenes Hediondos.
La iniciativa busca responder al aumento de la violencia contra agentes del Estado, incluso fuera de servicio. Sin embargo, algunos sectores advierten sobre el riesgo de que estas medidas puedan ser utilizadas de forma selectiva, generando mayor impunidad en ciertos casos y afectando el principio de igualdad ante la ley.
El debate en el contexto actual
Este debate se produce en un contexto de creciente polarización política y judicial, donde las acusaciones de lawfare y falta de imparcialidad judicial son moneda corriente. Casos como el de Cristina Fernández de Kirchner, condenada en la Causa Vialidad, han generado fuertes controversias y cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial.
Asimismo, el reciente escándalo de corrupción en la ANDIS, que involucra a figuras cercanas al gobierno de Javier Milei, pone de manifiesto la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos del Estado. La denuncia de un esquema de sobornos que supuestamente involucraría a Karina Milei, aunque no formalmente imputada, genera serias dudas sobre la integridad de la gestión actual.
En este escenario, es fundamental que el debate sobre el endurecimiento de las penas se realice con la máxima transparencia y rigor técnico, garantizando el respeto a los derechos humanos y el debido proceso legal. De lo contrario, se corre el riesgo de profundizar la crisis de confianza en las instituciones y socavar el Estado de Derecho.