Aumento del Nomenclador de Discapacidad: ¿Una Promesa Vacía?
El Gobierno Nacional anunció un aumento escalonado del nomenclador de discapacidad, a implementarse en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025. Esta medida, justificada como un paso hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos, busca, según el comunicado oficial, fortalecer el sistema de atención y garantizar que las prestaciones superen la inflación proyectada para el año entrante.
Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con escepticismo y preocupación por parte de las organizaciones del sector. El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha declarado el estado de alerta, calificando el aumento ofrecido como "insuficiente" para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos meses.
Oferta Oficial vs. Realidad del Sector
En una reunión reciente del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, el gobierno de Javier Milei presentó una propuesta de aumentos que se ubica por debajo de las demandas del colectivo. Concretamente, la oferta se divide en dos categorías:
- Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (total acumulativo del 35,43%) para transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo.
- Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%) para las prestaciones no nombradas anteriormente.
Esta propuesta fue rechazada por el representante de los prestadores, quien votó en contra y presentó una moción alternativa que no prosperó. Las organizaciones del sector denuncian que estos porcentajes son insuficientes frente a la inflación acumulada, los costos reales de funcionamiento y la profunda crisis que atraviesan los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad.
Ley de Emergencia en Discapacidad: ¿Una Promesa Incumplida?
Además de la insuficiencia de los aumentos ofrecidos, el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia que el Gobierno Nacional sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Esta ley, que buscaba brindar herramientas para paliar la crisis del sector, aún no ha sido implementada en su totalidad.
La situación genera incertidumbre y preocupación en un sector que ya enfrenta numerosas dificultades. La falta de recursos adecuados pone en riesgo la calidad y continuidad de los servicios que se brindan a las personas con discapacidad, afectando directamente su calidad de vida y su inclusión social.