La remoción del Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC) en Jamaica ha desatado una intensa controversia política. La decisión, impulsada por miembros del gobierno en el Comité Selecto Conjunto del Parlamento que revisa la Ley de la Comisión de Integridad de 2017, ha sido calificada de hipócrita por la oposición.
El debate parlamentario
Everald Warmington, miembro del Parlamento por St Catherine South Western, argumentó que la presencia del Auditor General en la IC viola la constitución. Miembros del gobierno sostienen que, dado que la IC recibe casi $2 mil millones anuales del Estado, debería estar sujeta a una auditoría rigurosa como la que puede realizar el Departamento del AG.
Oposición y acusaciones de hipocresía
La oposición, representada por Dr. Morais Guy y Julian Robinson, objetó la remoción del AG. El presidente del PNP (Partido Nacional del Pueblo), Mark Golding, describió la decisión como un ataque a la arquitectura anticorrupción de Jamaica, resaltando que el Auditor General ha sido parte de los órganos de supervisión de la integridad desde la independencia.
La respuesta del gobierno
El senador del gobierno, Marlon Morgan, acusó al PNP de hipocresía, afirmando que en 2019 el partido había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad.
Implicaciones y futuro de la IC
La controversia plantea interrogantes sobre la independencia y eficacia de la Comisión de Integridad. Mientras el gobierno argumenta la necesidad de una supervisión más estricta de los fondos públicos, la oposición teme que la remoción del Auditor General debilite la capacidad de la IC para combatir la corrupción. El debate continúa, y sus consecuencias para la transparencia y rendición de cuentas en Jamaica son aún inciertas.