El Gobierno impulsa la privatización de AySA: ¿Un déjà vu de los '90?
El gobierno nacional ha anunciado la puesta en marcha del proceso para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal que provee servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. Este anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, ha generado un intenso debate y evoca recuerdos de las políticas de privatización de la década de 1990.
Según lo informado, se buscará incorporar capital privado transfiriendo el 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado. El esquema propuesto combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital a otros inversores.
Adorni justificó la medida argumentando que, desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes estatales por U$S 13.400 millones y que se observa un deterioro en su infraestructura, un aumento del 90% en su dotación de personal y una morosidad del 16% por parte de los usuarios. Además, denunció irregularidades en la gestión anterior, señalando un gasto de U$S 4.800 millones y una supuesta utilización de la empresa como plataforma de campaña.
¿Un espejo de las privatizaciones menemistas?
La privatización de AySA remite inevitablemente a la experiencia de los años 90, cuando el gobierno de Carlos Menem concesionó el servicio a la empresa francesa Lyonnaise des Eaux (Suez). Aquella ola privatizadora, que abarcó desde la telefonía hasta los trenes, buscaba eficientizar los servicios públicos, reducir el gasto estatal y atraer inversión extranjera.
Si bien el gobierno actual argumenta que la privatización permitirá modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio, críticos señalan los riesgos de repetir errores del pasado. La experiencia de Aguas Argentinas, la empresa que operó el servicio durante la década de 1990, terminó con una rescisión de contrato y un juicio en el Ciadi, que obligó a Argentina a pagar U$S 384 millones.
Queda por verse si el proceso de privatización de AySA logrará los objetivos de eficiencia y mejora del servicio que el gobierno promete, o si se repetirá la historia de conflictos y controversias que marcaron la experiencia de los años 90.
- A favor: Modernización, eficiencia, inversión privada.
- En contra: Riesgo de aumento de tarifas, pérdida de control estatal, precarización laboral.