El presidente Javier Milei ha vetado la ley de financiamiento universitario, desatando una ola de críticas y preocupación en el ámbito educativo y político. La decisión, comunicada este miércoles al Congreso, pone en jaque la estabilidad presupuestaria de las universidades públicas y abre un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y la oposición.
¿Por qué el veto?
La Casa Rosada argumenta que la ley, aprobada con una amplia mayoría en Diputados, representa un costo fiscal inasumible que pondría en riesgo el superávit fiscal, un pilar fundamental del plan económico del gobierno. La ley establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y partidas para investigación, además de ordenar la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas.
La reacción de la oposición
La oposición, por su parte, analiza la posibilidad de rechazar el veto en una sesión especial el próximo miércoles. Para lograrlo, necesitarán reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos, un desafío considerable. La ley había sido impulsada por el radicalismo disidente y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes ven en el veto un ataque directo a la educación pública.
Otros vetos en camino
Además de la ley de financiamiento universitario, se espera que el gobierno vete también la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan) y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos vetos, que aún no se han remitido al Congreso, podrían generar aún más tensión entre el gobierno y los gobernadores.
¿Qué sigue?
El Congreso se prepara para una semana clave, donde se debatirán los vetos presidenciales y se buscará revertir las decisiones del Ejecutivo. La situación plantea un escenario de incertidumbre para las universidades públicas, que podrían enfrentar serias dificultades financieras si el veto se mantiene. La decisión de Milei ha generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa y promete ser un tema central en la agenda política de los próximos días.
Mientras tanto, las tensiones políticas se intensifican, y algunos sectores ya hablan de una posible judicialización del conflicto. La controversia en torno al financiamiento universitario se suma a otros frentes abiertos para el gobierno, como el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan denuncias de sobornos vinculados a la compra de medicamentos. Aunque no hay imputaciones formales, el nombre de Karina Milei ha sido vinculado al caso.